“Contra toda tentación de eutanasia y por el derecho a una muerte digna”

El Papa aboga por la vida y la familia ante el relativismo ético, pide más valentía en la vida pública, apoya un proyecto de vacunas los más pobres y reivindica el trabajo digno: “Es necesario un compromiso a todos los niveles para favorecer y sostener centros y unidades de cuidados paliativos que, fuera de las lógicas del encarnizamiento terapéutico y contra toda tentación de eutanasia, garanticen una asistencia integral al enfermo y su derecho a una muerte natural digna”, advierte el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud.

Así lo concluye un informe presentado en la capital surcoreana, Seúl, que ha acogido este año los actos de la reciente XV Jornada Mundial del Enfermo, en esta edición en torno a La Asistencia Pastoral y Espiritual a los Enfermos con Patologías Incurables.

Según publica la agencia ZENIT, el estudio permite conocer los contextos en los que las realidades sanitarias católicas deben trabajar, los problemas con los que se enfrentan y el empeño diario que vuelcan, de forma integral, en las personas.

El cardenal Javier Lozano Barragán, presidente del dicasterio, aseguró que “el derecho a la vida se precisa en el enfermo terminal como derecho a morir con serenidad, con dignidad humana y cristiana”.

“Con los cuidados paliativos, la medicina se pone al servicio de la vida en cuanto que, si bien se sabe que no puede derrotar una grave patología, dedica las propias capacidades a aliviar los sufrimientos del enfermo terminal”, añadió.

Víctimas del relativismo ético

Al mismo tiempo, Benedicto XVI aseguró este lunes, 12 de febrero, que sin el respeto de la ley natural, la vida, la familia y la sociedad se convierten en víctimas del relativismo ético.

Fue el mensaje que dejó al recibir en audiencia a unos 200 participantes en el congreso internacional sobre el derecho natural, convocado por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.

“Vemos todos las grandes ventajas de este progreso, pero vemos cada vez más también las amenazas de destrucción del don de la naturaleza”, dijo el Papa.

«Y se da otro peligro, menos visible, pero no menos inquietante -añadió-: el método, que nos permite conocer cada vez más las estructuras racionales de la materia, nos hace cada vez más incapaces de ver la fuente de esta racionalidad, la Razón creadora”.

En este discernimiento, el Papa destacó en particular “el principio del respeto por la vida humana, desde su concepción hasta su ocaso natural, pues este bien de la vida no es propiedad del hombre, sino don gratuito de Dios”.

Fuente: Forum Libertas

La objeción de conciencia, testimonio de apoyo a la vida

El Papa defiende los derechos de los pacientes que no pueden hablar, elogia la contribución de las mujeres al cristianismo y se refiere a los retos de Latinoamérica y a las armas nucleares: “En una sociedad que quiera ser auténticamente democrática la conciencia debe ser capaz de hablar también por quien aún no tiene voz o no puede expresarse”, manifestó este martes, 20 de febrero, el arzobispo Elio Sgreccia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida (PAV).

El Vaticano considera que la objeción de conciencia puede ser un testimonio de ayuda y de servicio a la vida. El prelado presentó ante la prensa el Congreso Internacional La conciencia cristiana en apoyo del derecho a la vida, que organiza el organismo que preside y que se llevará a cabo este próximo viernes y sábado, de puertas abiertas.

El papel de la conciencia cristiana y la urgencia de su formación en el contexto actual marcarán la primera parte del Congreso, explicó el prelado. Porque “los temas de la tolerancia, de la democracia, de la autonomía moral, sobre todo respecto a las opciones del individuo o en la investigación científica, parecen a primera vista -precisó- contraponerse a la formación y a la manifestación de la conciencia”.

“Para toda la sociedad”

El arzobispo Sgreccia está convencido de que “no sólo existe un espacio legítimo para la conciencia cristiana en la sociedad pluralista”, sino que es de utilidad “para toda la sociedad cuando la conciencia cristiana puede expresarse y puede ofrecer su contribución”.

La segunda parte del Congreso se centrará en la relación entre la conciencia cristiana y el apoyo a la vida, un tema “en el que se sitúa el problema de la objeción de conciencia”, advirtió el prelado.

Puntualizó que tal acción “no es la única instancia de la conciencia cristiana en el campo sanitario”, sino que sobre todo “la conciencia exige el testimonio en positivo en el servicio” por la vida.

Mismos derechos para los sin voz

Benedicto XVI hizo un llamamiento a los médicos, el pasado día 16, para que tengan en cuenta que los pacientes que no pueden comunicar tienen los mismos derechos que el resto.

El Papa, por boca del cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado, invitó a los participantes en el Congreso internacional Comunicación y relación en la medicina. Nuevas perspectivas para la acción médica a profundizar en la relación entre el médico y el paciente para impedir que la profesión médica se limite al tratamiento del sufrimiento físico.

El Papa advirtió de que, actualmente, parece que “no hay espacio en el mundo para el que ha de nacer o el moribundo; un sujeto constitutivamente débil, que parece sometido en todo al cuidado de otras personas, dependiendo radicalmente de ellas, y que sólo sabe comunicarse mediante el lenguaje mudo de una profunda simbiosis de afectos”.

El encuentro tendrá lugar entre el viernes y el sábado en la Universidad Católica de Roma y es organizado por la asociación Association Medicine Dialogue Communion, que se inspira en el carisma del Movimiento de los Focolares.

Decisivas para el cristianismo

Por otra parte, Benedicto XVI quiso rendir un especial homenaje a las mujeres el pasado 14 de febrero al reconocer su decisiva contribución al desarrollo del cristianismo.

El Papa repasó la historia del origen de la Iglesia para agradecer esa contribución: “La Iglesia da gracias por todas las mujeres y por cada una”, afirmó al final de la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI.

Las mujeres al servicio del Evangelio fue el tema que escogió el Pontífice para su catequesis, en la que comenzó reviviendo la historia de quienes se convirtieron en discípulas de Jesús, prestando particular atención a su Madre, María, y a María Magdalena.

“En síntesis, la historia del cristianismo hubiera tenido un desarrollo muy diferente si no se hubiera dado la aportación generosa de muchas mujeres”, concluyó el Papa.

“Continente de la esperanza”

El día 17 el Pontífice planteó algunos de los retos sociales y pastorales del presente en Latinoamérica: necesario reconocimiento de la libertad religiosa, creciente secularismo hedonista, proselitismo de las sectas, legislación contraria a la familia, migraciones, educación y formación de la opinión pública.

Todos estos retos son también puntos de reflexión de la V Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica y El Caribe, que inaugurará el Santo Padre el 13 de mayo en Aparecida (Brasil).

El Papa insistió en que “una atención prioritaria merece precisamente la familia, que muestra signos de derrumbamiento bajo las presiones de ‘lobbies’ capaces de incidir negativamente en los procesos legislativos”.

De ahí que sea necesario “recalcar que el matrimonio y la familia tienen su fundamento en el núcleo más íntimo de la verdad sobre el hombre y sobre su destino”, advirtió Benedicto XVI.

“Sólo sobre la roca del amor conyugal, fiel y estable, entre un hombre y una mujer, se puede edificar una comunidad digna del ser humano”, añadió.

Ante armas nucleares, responsabilidad

También abordó el Papa en la última semana el problema del rearme nuclear y, concretamente, las negociaciones emprendidas sobre armas nucleares norcoreanas.

En una carta entregada el 15 de febrero al presidente de Corea del Sur, Benedicto XVI hizo un llamamiento a la responsabilidad para que tengan éxito las negociaciones que buscan detener la carrera de armamentos nucleares promovida por Corea del Norte.

“Aliento a todas las partes interesadas a esforzarse para resolver las tensiones actuales con medios pacíficos y a abstenerse de cualquier gesto o iniciativa que pueda poner en peligro las negociaciones, asegurando que se garantice a la parte más vulnerable de la población norcoreana el acceso a la ayuda humanitaria”, afirmó el Papa en su misiva.

Benedicto XVI constata además en su escrito que “durante más de cincuenta años, el pueblo coreano ha sufrido las consecuencias de la división [...] Las familias han quedado separadas, los parientes cercanos alejados los unos de los otros”.

La audiencia tuvo lugar en el día en el que Corea del Norte y Corea del Sur acordaron reanudar sus encuentros ministeriales, en Pyongyang, después de que el diálogo fuera suspendido tras el ensayo de bomba nuclear que realizó Corea del Norte en octubre.

Fuente: Forum Libertas

Lo políticamente correcto

El panorama de la obesidad no es tan preocupante como el deterioro creciente de la lengua española

La ministra de Sanidad está empeñada hasta la obsesión en vigilar lo que comemos y bebemos. Ningún político, que yo sepa, se había atrevido hasta ahora a intentar reglamentar el trasiego de vino por parte de los españoles. Las mujeres son más decididas que los varones, y esto viene a confirmarlo. Pero la sabiduría clásica nos dice que lo que hace malo al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella: las palabras. Cabría esperar entonces que las homónimas de Elena Salgado, la ministra de Cultura y la ministra de Educación, incrementaran su respectiva inquietud por el uso del castellano en los medios de comunicación estatales, y por el dominio de la ortografía y la sintaxis que se enseña a los futuros escritores y tribunos. El panorama de la obesidad entre nosotros no es tan preocupante como el deterioro creciente de la lengua española, según reflejan con frecuencia los comentarios de los hispanos de ultramar cuando nos oyen hablar en directo y en vivo.

Hubo pensadores materialistas —valga la paradoja— que, en el siglo XIX, mantuvieron que somos lo que comemos. Pero, ya en el XX, fueron más penetrantes los filósofos que hicieron ver que el lenguaje nos configura, hasta el punto de mantener que es la lengua la que piensa y habla en nosotros. El lenguaje nos hace ser lo que somos. De ahí que el encanallamiento del habla, tan propio de los regímenes totalitarios, pueda considerarse como un preludio y un acompañamiento del atropello de la persona humana al que asistimos, multiplicado por millones, en la pasada centuria. Se comienza quemando libros y se acaba quemando hombres, anunció Hölderlin. Se empieza manteniendo, sin base científica alguna, que el lenguaje humano no se diferencia básicamente de un presunto lenguaje animal, y se termina quitando de en medio a los que todavía no pueden hablar o ya no son capaces de articular palabras. Vae tacentibus! ¡Ay de los que callan, de los que han perdido la voz o nunca la tuvieron! Porque serán avasallados por los que se han hecho con los micrófonos y las linotipias, por los que controlan a las personas a través de lo que es correcto decir y de lo que está prohibido expresar.

Es lo que, en certera expresión, se denomina «corrección política», según traducción directa y —por una vez— feliz de la political correctness. Cada vez me sucede con más frecuencia que, al término de una conferencia, mis amigos me avisan: «Te has pasado: no deberías haber dicho eso». O si tienen la amabilidad de leer algo mío: «Yo que tú me andaría con mas cuidado en lo que escribes». Y no tengo conciencia de ser un tremendista ni dedicarme a esa cosa tan fea que consiste, al parecer, en crispar el ambiente social. Siempre he sido una persona pacífica, más bien moderada, poco amante de la alarma o la exageración. Me temo que no soy yo el que ha cambiado, sino que el control social se ha hecho más estricto, más estrecho. Los tabúes se multiplican y, tras el eclipse político de las ideologías, las censuras se han trasladado al campo de la cultura y la comunicación.

En Advenimientos, su último dietario, cargado de inconformismo y profundidad, Jiménez Lozano ha denunciado el apocamiento de la libertad que el control del lenguaje lleva consigo. Se ha llegado, en algunos países, a prohibir la negación de la existencia de algún fenómeno histórico. Ni los más audaces filósofos que se dedican al análisis lógico del lenguaje habían osado poner ejemplos de este tipo de actos lingüísticos, con los que se prohíben otros actos lingüísticos que, a su vez, excluyen la existencia de una presunta realidad. No estamos precisamente ante un avance de la libre expresión del pensamiento. Sin llegar por ahora a esos extremos jurídicos, tal tipo de imposiciones funciona entre nosotros con una rigidez similar.

Funciona la interdicción de fumar en público, de comer hamburguesas XXL, de no adelgazar o de adelgazar demasiado y, pronto, de consumir más vino que el permitido en los almuerzos o de tomarse un par de copitas de licor con el café. Mal camino. Por tales quiebras de la libertad se abre paso la servidumbre que, como Tácito advirtió, envilece tanto a los hombres que algunos acaban amándola. Y proliferan los personajes que nunca dirán en público más que tópicos gastados por el uso. Pero, eso sí, convirtiendo todas las palabras en esdrújulas e imitando servilmente la fría prosa del Boletín Oficial del Estado. Me ha sorprendido desde hace años la querencia de los autodenominados intelectuales progresistas por los modos burocráticos de hablar. Les fascina La Gaceta de Madrid. Sin ir más lejos, señalaría en este momento la proliferación de la expresión trasladar, tan típica del lenguaje civil y militar, para referirse a las acciones de informar, comunicar o participar. Volvamos al lenguaje vivo, a la espontaneidad y frescura de lo que dice la gente de la calle.

Alejandro Llano Cifuentes

conoZe.com
4.II.2007

Libertad religiosa: lo que va quedando

Hace falta remontarse a la friolera de casi 42 años para que el 7 de diciembre de 1965, Pablo VI, en el marco del Concilio Vaticano II, diera a luz la denominada Declaración «Dignitatis Humanae» que venía, y viene, referida a la libertad religiosa, sobre ella.

Allí mismo, en su conclusión, venía a decir algo que, hoy día, explica muchas cosas de las que suceden en España. Y esto era que «no faltan regímenes en los que si bien su Constitución reconoce la libertad de culto religiosa, sin embargo, las mismas autoridades públicas se empeñan en apartar a los ciudadanos de profesar la religión y en hacer extremadamente difícil e insegura la vida de las comunidades religiosas».

Es evidente, entonces, que lo que dice la supracitada Declaración se puede aplicar a lo que se está produciendo, ahora, en nuestra patria. Pero a esto volveremos más tarde, porque no era, ésta, la única ocasión en que organismos internacionales escribían y referían sobre el derecho a la libertad religiosa; documentos los cuales están, se supone, en vigor en España (y no sólo en el espíritu que recoge el artículo 10.2 de la Constitución Española vigente en el sentido de que «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España» sino, se supone, de forma efectiva) Cabe, por lo tanto, de esa interpretación, la adaptación de la normativa española a aquellas declaraciones de ámbito universal.

Por de pronto, corría el año 1948 cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos decía que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia» (artículo 18): lo mismo recoge el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (publicado en el BOE 243 de fecha 10 de octubre de 1979 en su artículo 9.1); lo mismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (publicado en el BOE 103 de fecha 30 de abril de 1977), concretamente en su artículo 18 donde, además, se recoge el compromiso, por parte de los Estados Parte de «respetar la libertad de los padres para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Para más abundancia, y corriendo el tiempo, la «Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones» de fecha 25 de noviembre de 1981, tomada en el seno de las Naciones Unidas (Resolución 36/1955 dice que «Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio rector el interés superior del niño»

Es evidente que toda esta relación de normas puede resultar un exceso. Sin embargo no sobra porque clarifica la situación en la que nos encontramos; o, al menos, en la que deberíamos encontrarnos.

Antes de esta Declaración, hablando de fechas, y entrando en lo que es normativa propia y genuina de España, el artículo 16 de la Constitución Española vigente decía, y dice, que

1. «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».

También, el artículo 27, en su apartado 3, dice que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» Habla de poder público y habla de garantizar un derecho, el cual, por lo tanto, ha de ser efectivo. Y esto es así ya que se encuentra, además del artículo antes citado, el 16, dentro de la Sección 1ª que se refiere a los «Derechos fundamentales y libertades públicas» que vinculan, en su desarrollo y ejercicio, según el artículo 53 (referido a las garantías de las libertades y derechos fundamentales), a «todos los poderes públicos». Todo, parece, pues, bastante claro.

Por lo tanto, es fácil ver, y comprender, que existen normativas más que suficientes como para que el denominado derecho a la libertad religiosa (en todo lo que implica) se encuentre perfectamente contemplado y aplicado en el ámbito territorial de España, pues de eso hablamos.
Pues bien, volviendo a la mencionada, supra, Declaración Dignitatis Humanae, dice ésta, en su punto 3 que «se hace, pues, injuria a la persona humana y al orden que Dios ha establecido para los hombres si se les niega el libre ejercicio de la religión en la sociedad, con tal que se respete el justo orden público».

Todo está, pues, bastante claro. Tenemos, por una parte, unas normas aplicables a la realidad existencial de las personas y tenemos, por otra parte, una aplicación torticera, si es que se hace, de aquellas normas. Y la injuria está servida, efectiva, sangrando.

Respecto a las creencias católicas, básicamente hablando, de la libertad religiosa va quedando poco ya que, desde instancias oficiales y desde sus terminales mediáticas (que todos sabemos cuáles y quiénes son) se difunde la idea de que todo lo religioso, concretamente lo católico (no, por supuesto, otras opciones religiosas que son respetables y respetadas) de que es algo espurio y malformador de la personalidad por lo que, en consecuencia, todo lo que suene a eso (pensemos, por ejemplo, en la campaña navideña pasada con el caso de los belenes, los villancicos, etc) hay que proscribirlo en atención a un, supuesto, respeto al no creyente. Así, se deja al creyente católico con un palmo de narices ante su propia fe y la manifestación de ella a la sociedad. Por eso, de la libertad religiosa va quedando poco.

Respecto a la elección de los padres, principio recogido en las normas citadas supra, y consistente en que sean éstos los que escojan la educación religiosa y moral para sus hijos, el arrinconamiento de la asignatura de religión es tan evidente como vergonzoso y esto es, evidentemente, una tergiversación del derecho a la libertad religiosa.

Abundando en esto, el Cardenal Rouco Varela, en conferencia pronunciada el 30 de enero de 2007 en el Club Siglo XXI, referida al «Derecho a la educación y sus titulares» dice que en el hecho de «concretar el principio de la libertad de enseñanza en el sistema educativo y, consiguientemente, de entender el derecho de los padres como primeros educadores de su hijos» no ha habido ninguna mejora. Y lo que es más, «las divergencias permanecerán vivas hasta hoy mismo». Y todo esto implica que, en esto, de la libertad religiosa va quedando poco.

Y esto, el respeto a las creencias que suponen la adhesión fiel a las que lo son cristianas y a la tergiversación y manipulación que se puede llegar a hacer de ellas, la introducción de la ya desastrosa asignatura de Educación para la Ciudadanía (¿?), es ejemplo claro de por dónde quieren que vayan las cosas. Se ha vuelto a confundir laicidad con laicismo y dejado esto en manos de quien está ha devenido una violación flagrante del derecho a obtener una enseñanza moral de acuerdo con la voluntad de quienes pueden proceder a esa elección que son los padres, como se ha dicho antes. Por eso, de la libertad religiosa va quedando muy poco.

Respecto a la consideración de lo religioso como algo absolutamente privado y que, por lo tanto, debería quedar confinado a lo meramente doméstico, al confesionario y, como mucho, al ámbito parroquial, es claro el intento de arrinconar todo lo que esto supone, no dando lugar, ni paso, a que la manifestación de las creencias, en sus implicaciones sociales, que son inmensas, se produzca. Y eso, se mire por donde se mire es, en primer lugar, manifestar una miopía cercana a la ceguera por parte de aquellos que pueden optar por una aplicación real de la ley y, en segundo lugar, tratar de que los que podemos hacer uso de nuestra libertad religiosa, entendida tal cual es y tal cual supone, permanezcamos en la mudez y, a ser posible, en el ostracismo, como si, de forma similar al origen de esa palabra, hubiéramos sido expulsados de la sociedad. Por esto, de la libertad religiosa va quedando poco.

En fin, todo un panorama bastante significativo y clarificador, además de desolador.

Me gustaría, para ir acabando, transcribir unas palabras que el arzobispo Giovanni Lajolo pronunció, el 3 de diciembre de 2005, en la Universidad Pontifica Gregoriana y que son éstas: «¿Hay algún estado en el que la Iglesia pueda decir que la libertad religiosa está tan plenamente realizada que ella, con la libertad que le es propia —la «libertas ecclesiae»— se encuentra perfectamente a gusto?» La respuesta, en España, es no y ese no es, tristemente hay que decirlo, algo tolerado, casi, por muchos que se dicen católicos, seguramente por ser políticos, correctamente hablando. Será por lo de la tibieza, quizá.

Recordemos, para acabar, ahora sí, las palabras de Pablo VI que dicen que «las mismas autoridades públicas se empeñan en apartar a los ciudadanos de profesar la religión y en hacer extremadamente difícil e insegura la vida de las comunidades religiosas». Conviene repetirlas aquí ya que, al final de todo esto parece que estamos igual que al principio: mal.

Eleuterio Fernández Guzmán
conoZe.com
13.II.2007

Nacidos demasiado pronto

Cada vez es mayor el número de niños que nacen muy prematuros. ¿Debemos tratar de salvarlos a todos?

Instituciones médicas británicas han pedido que se abra un debate sobre el tratamiento de niños muy prematuros: en especial, los nacidos antes de las 25 semanas. En la actualidad, la mayoría de estos niños no salen con vida del hospital, y la supervivencia antes de las 22 semanas es muy rara. No obstante, el número de los nacidos después de cortas gestaciones está aumentando, lo que plantea difíciles decisiones.

El Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos sugiere que la eutanasia infantil debería ser legalizada. El Consejo de Bioética de Nuffield rechaza la eutanasia activa pero propone que: a) todos los niños nacidos antes de las 22 semanas sólo reciban cuidados paliativos: es decir, que debe permitirse que mueran; b) los niños nacidos entre las 22 y las 23 semanas sólo reciban cuidados intensivos si los padres los solicitan después de una discusión sobre los riesgos, y sólo si los doctores están de acuerdo; c) en los casos de los niños nacidos entre las 24 y las 25 semanas, los padres deben tener la última palabra sobre los cuidados intensivos. Sin embargo, la Asociación Médica Británica se opone a cualquier norma ligada al número de semanas de gestación, de modo que cada caso se valore según sus propias circunstancias.

Pedimos su opinión al doctor Carlo Bellieni, catedrático de terapia neonatal de la escuela de Pediatría de la Universidad de Siena (Italia), miembro del comité científico de la Escuela Europea del Dolor.

— ¿Piensa que es una buena idea establecer una norma según la cual debería dejarse morir a todos los niños nacidos, por ejemplo, antes de las 22 semanas?

— Nosotros reanimamos a niños basándonos en sus posibilidades reales de sobrevivir. La cuestión se hace difícil si uno decide reanimar solamente a aquellos que no sufrirán daño cerebral grave. Pero, ¿es eso ético? En el instante del nacimiento no es posible estar seguro del pronóstico. Por lo que se acaba reanimando sólo a los niños "normales" y sólo basándose en una hipótesis.

El pasado diciembre organizamos un congreso en Bolonia al que asistieron más de 500 neonatólogos y enfermeras de la especialidad. De este congreso salió que no podemos tomar decisiones acerca de un niño muy prematuro sin examinarlo, sin evaluar, mediante una investigación rápida pero precisa, su edad real de gestación (EG) y su respuesta a la reanimación. Sabemos que antes de las 23 semanas de EG las posibilidades de sobrevivir son escasas, pero pueden cometerse errores al evaluar la edad antes del nacimiento.

— ¿Qué luz arroja su investigación sobre el dolor infantil en el caso de un niño muy prematuro que necesite reanimación y cuidados intensivos para tener posibilidades de sobrevivir?

— Mi investigación muestra que incluso en los niños prematuros, el dolor debe ser tenido en cuenta y vencido. Además, sabemos que los niños prematuros son seres sociales y que necesitan que se les tranquilice y se les cuide; necesitan la presencia de sus padres. Estudiamos un tipo de tratamiento analgésico no farmacológico basado en distraer y tranquilizar a estos niños, y se mostró totalmente eficaz. Los tratamos como lo que son: personas. De cualquier modo, disponemos de fármacos analgésicos y de tratamientos tan eficaces que creer que el dolor sea un motivo para dejar morir a los niños resulta anacrónico.

— Algunos científicos niegan que el feto sienta dolor. ¿Tendrían igualmente que negar la necesidad de cuidados paliativos para un niño nacido vivo después de 22 semanas?

— Para negar el dolor fetal, algunos filósofos afirman que el dolor es imposible sin autoconciencia, y puesto que la conciencia empieza cuando el niño tiene un año, ¡afirman que los infantes no sienten realmente el dolor! Pero los estudios psicológicos y embriológicos muestran que no existen pruebas para negar el dolor fetal, al menos a partir de las 20 semanas de EG.

Sunny Anand, el pionero del dolor neonatal, dedicó a este problema un número de la publicación oficial de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en junio de 2006, y reafirmó que la percepción del dolor comienza en el segundo trimestre de la gestación. De todos modos, el prejuicio y la resistencia al reconocimiento del dolor neonatal siguen presentes y son grandes obstáculos para un tratamiento eficaz.

— ¿Existen circunstancias en las que usted recomendaría sólo cuidados paliativos? ¿Debería tenerse en cuenta la posible incapacidad a largo plazo al decidir si se da tratamiento a un recién nacido?

— Yo recomiendo cuidados paliativos cuando todas las terapias son inútiles y el niño se está muriendo. Pero, atención: alguien puede decir que una terapia es inútil y debe evitarse si su resultado es la supervivencia de un niño minusválido. Esta es la razón por la que algunos llaman "zona gris" al periodo que va de las 22 a las 25 semanas de EG. Los niños nacidos en este periodo tienen una importante tasa de supervivencia, pero también un alto porcentaje de minusvalías. Creo que una vida con minusvalía merece ser vivida, y la mayoría de las familias de personas minusválidas están de acuerdo. Pero lo que yo llamo "fobia a la incapacidad" lleva a pensar que la "muerte es mejor que una vida con minusvalía". Esta actitud justifica dar muerte a todos los niños nacidos antes de una cierta EG, porque presentan un elevado riesgo de sufrir una minusvalía. El congreso de Bolonia declaró que esto es inaceptable.

Un reciente estudio sueco publicado en la revista estadounidense Pediatrics muestra que en los hospitales en los que se lleva a cabo una reanimación selectiva de niños cuya EG oscila entre las 23 y las 25 semanas, se da una mayor tasa de minusvalías entre los supervivientes que en aquellos hospitales donde todos los niños de idéntica EG reciben cuidados intensivos. Ello también se debe a que carecemos de una herramienta segura de pronóstico en el momento del nacimiento. Por tanto, la falta de un instrumento fiable para realizar un pronóstico seguro significa que, además de las razones éticas para no abandonar a los niños muy prematuros, el abandono es erróneo incluso desde un punto de vista clínico: todos los niños prematuros que pueden tener posibilidad de sobrevivir –es decir, que tienen un desarrollo pulmonar que permita la reanimación– deben ser atendidos.

— ¿Quién debe tener la última palabra en un caso concreto: los médicos, los padres, los tribunales?

— Los padres están en una situación muy difícil. Los médicos tardan años en aprender lo que es la parálisis cerebral, y no podemos pretender que los padres puedan aprenderlo en pocos minutos; les apremiamos a que decidan mientras nosotros ignoramos el pronóstico; queremos que sean racionales cuando se encuentran tensos y agotados: es absurdo. La reanimación debe decidirse basándose en datos objetivos que sólo los médicos pueden analizar correctamente. Sea como sea, los padres deben ser informados paso a paso sobre la evolución del estado clínico del niño, pero no pueden tener la última palabra. Si un niño se está muriendo no podemos hacer nada más que evitar que sufra. Si un niño no está muriendo pero existe un alto riesgo de que sufra una minusvalía, ¿qué debemos decidir? No hay nada que decidir: debemos cuidar y curar, a no ser que creamos que las vidas discapacitadas deban desaparecer por medio de la selección eugenésica.

— ¿Es verdad que el número de estos nacimientos está creciendo? ¿Tiene la fecundación "in vitro" algo que ver con ello?

— Los nacimientos prematuros están aumentando, y el riesgo de que se produzcan es mayor con la fecundación "in vitro". La tendencia a retrasar la maternidad también influye. Se hace creer a las mujeres que pueden tener un hijo cuando quieran, pero eso no es así. Naturalmente, la mayoría de los niños concebidos "in vitro" están bien y son sanos, pero el porcentaje de quienes sufren algún problema de salud es entre ellos más alto que entre la población general. Toda la literatura científica se muestra de acuerdo con esta advertencia.

Dr. Carlo Bellieni.

ACEPRENSA

«El laicismo es un peligro para la libertad y la democracia»

En la apertura del año académico de la Universidad Católica San Antonio, de Murcia, don Jorge Fernández Díaz habló sobre Política y valores cristianos en la España de hoy. Una idea de España, como ya informó Alfa y Omega. Éste es un extracto de su intervención:


Para hablar de política y valores cristianos en la España de hoy hemos de referirnos a nuestro pasado, a la herencia que hemos recibido de las generaciones precedentes. Porque sin pasado no hay identidad y sin identidad hay que inventar el futuro cada día. Reflexionar sobre la identidad de España hoy es urgente y necesario. O tenemos una idea de España, o estaremos edificando sobre arena... Lo grave es que las lluvias han llegado y hay que asegurar los cimientos de la casa. En vano hablaremos hoy en España de valores éticos y morales, de unidad, de libertad, de justicia, de progreso, de paz o de solidaridad, si esos valores no los entendemos integrados en su verdadera matriz; es decir, en el patrimonio cristiano que, a lo largo de la Historia, ha ido conformando nuestra realidad nacional y nuestra identidad.

La sociedad española de hoy es plural, culturalmente cristiana, pero profundamente secularizada. No obstante, conviene recordar que un 80% de los ciudadanos mayores de 18 años se define a sí mismo como católico. Esa autodefinición no implica, necesariamente, ni una práctica religiosa ni una vida ordinaria coherentes con la fe. Sin embargo, ese dato no debe hacernos infravalorar la potencia cultural, ética y moral que expresa un porcentaje de esas características. En un ambiente cultural como el actual, sólo puede entenderse como una confirmación más de la presencia de un auténtico patrimonio de civilización herencia de nuestras raíces cristianas. El peligro para la libertad y para la democracia es el laicismo, es decir, querer encerrar las convicciones religiosas en el ámbito de lo privado.

Hay países en donde el laicismo se ha desarrollado hace mucho tiempo, pero es en España donde de manera especial vemos que se quiere imponer de forma tan descarada como implacable. Uno de los graves riesgos ante los que se encuentra la sociedad española es el intento de imponer una nueva religión oficial y obligatoria, el laicismo, que niega el derecho a la libertad religiosa, ofende a los valores y creencias de buena parte de la sociedad española y es contraria a nuestra identidad cultural e histórica. Cualquier atento observador de la realidad española puede percibir cómo esa voluntad se va materializando de forma difusa, pero constante.

La conversión de España en un Estado laico y en una sociedad laica nos llevaría, necesariamente, a una concepción de la democracia fundada sobre el relativismo. Las consecuencias a las que nos puede llevar una democracia relativista las vimos en los años 30 del pasado siglo, donde un Parlamento legalmente elegido permitió el acceso de Hitler al poder en Alemania. Basta recordar estos hechos para darse cuenta de cómo la ley establecida por el hombre tiene sus propios límites, que no puede violar.

Soy consciente de que el derecho natural ha dejado de ser aceptado en el diálogo político. Por ello, debemos ser capaces de ejercer y defender estos principios con argumentos racionales y razonables propios del debate público. Se trata de inventar modos nuevos para decir lo de siempre.

Para este debate es preciso tener presente que el laicismo persigue la eliminación de toda presencia de lo religioso en la vida pública. Pero, lejos de justificar políticamente sus propuestas, los laicistas suelen utilizar la estrategia de presentarlas como medidas derivadas necesariamente de la naturaleza de lo político. Así ocultan la necesidad de justificación y hacen que toda oposición aparezca como una actitud basada más en convicciones religiosas o morales que no pueden imponerse a los demás.

En los debates parlamentarios, por ejemplo, sobre el matrimonio, es recurrente esta idea: A nadie se le obliga a divorciarse. Entonces, ¿por qué os oponéis a que lo haga quien lo desea? Podemos cambiar divorcio por aborto, pero es curioso observar cómo el argumento ya no sirve para limitar o prohibir, por ejemplo, el tráfico de armas o de drogas, o simplemente circular a más de 120 km por hora. Legalizar una conducta supone, en el fondo, hacer un juicio de valor de la posible difusión de esa conducta. Toda legalización es invitar a practicar lo legalizado. No tiene sentido, por tanto, pedir a los ciudadanos que, ante la propuesta de una medida legal, actúen dejando al margen sus valores y haciendo abstracción del tipo de sociedad que consideran deseable.

Alberto Fernández Díaz. Alfa y Omega

Por la propiedad privada, contra la SGAE

Javier de la Cueva, abogado coordinador del proyecto de la Demanda contra el canon y administrador del servidor del muy interesante Derecho de Internet, publicaba en El País hace unos días un artículo sobre el canon de la SGAE (y otras entidades de gestión). El texto es en líneas generales muy recomendable. Presenta ideas muy sólidas y ofrece una información sobre esta cuestión bien articulada. Sin embargo comete un error en su primer párrafo que, aunque es cierto que no hace perder validez al resto del escrito, merece ser corregido.

Con todo el respeto que merece un abogado experto en la cuestión, la introducción con la que trata de ambientar la cuestión adolece de una simplificación excesiva que deja fuera de la escena a actores que participan también en el debate sobre el canon digital y otras acciones de las entidades como la encabezada por Teddy Bautista. Sobre las posturas ante la propiedad intelectual, De la Cueva las limita a dos. La primera es la de aquellos que consideran que "los derechos de autor son un derecho fundamental que debe ser gestionado a través de un intermediario (una entidad de gestión) para hacerlo efectivo", mientras la segunda sería la de aquellos que creen que "la propiedad intelectual debe cumplir, ante todo, una función social, y la existencia de las entidades de gestión supone la estructura institucionalizada con la que se oculta el sistemático robo de los derechos de los autores".

Sin embargo hay otras posturas, en algunos casos muy desarrolladas desde hace tiempo, que el citado abogado no tiene en cuenta. Posturas que aunque coinciden con los defensores de la supuesta "función social" en su rechazo al modelo actual y a las pretensiones de las entidades de gestión, tienen un fundamento radicalmente contrario.

Entre ellos están quienes rechazan la mera existencia de la propiedad intelectual por considerarla un ataque a la propiedad privada, que según ellos sólo puede ser sobre realidades tangibles. Esta es una teoría muy desarrollada, posiblemente con mayor profundidad que cualquiera de las dos definidas por De la Cueva, a la cual han aportado ideas de gran importancia autores de primer orden. Sus defensores se oponen a la visión de las ideas como un bien social, puesto que consideran que no se puede obligar a nadie a hacerlas públicas. Quien no quiere que otros las utilicen pueden limitarse a no comunicárselas a nadie o a hacerlo mediante cláusulas contractuales que obliguen a no transmitirlas a terceros.

La propiedad privada se basa, para quienes defienden esta postura, en la existencia de bienes escasos y las ideas no lo son. Si una persona come una manzana dicho fruto no puede ser consumido por otro, pero si alguien toca una canción o utiliza un código en un programa esto no impide que alguno más haga lo mismo. De hecho, si se impide su uso a terceros (personas, empresas u otras organizaciones) se está limitando de forma ilegítima el uso que estos pueden hacer de los bienes físicos (por ejemplo una guitarra o un ordenador) de los que estos son propietarios. Desde esta posición, sin duda resulta ilegítimo e inmoral las pretensiones de la SGAE y similares de cobrar por el uso de una propiedad inexistente.

Pero hay incluso una cuarta postura mucho menos desarrollada desde el plano teórico pero que también tiene un peso específico en la oposición al canon. La de aquellos que, sin entrar a fondo en si existe o no en realidad algo parecido a la propiedad intelectual y los derechos de autor, entienden que resulta evidente (como de hecho lo es para cualquiera que no saque tajada del sistema o pretenda hacerlo) que el canon a los CD y otros soportes supone un atentado claro contra la propiedad de quienes compran estos productos, puesto que se les obliga a pagar por un uso que posiblemente no les van a dar.

Dejar de lado cualquiera de estas dos posturas supone tanto debilitar al conjunto de ciudadanos que se oponen a los abusos de las entidades de gestión de derechos de autor como perder profundidad en un debate que en realidad empezó hace décadas y que cada día cobra mayor actualidad.

Antonio José Chinchetru. Libertad Digital

La Santa Sede no firma la convención de los derechos de los discapacitados

CIUDAD DEL VATICANO, 1 FEB 2007 (VIS).-Hoy se hizo público el discurso del arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, con motivo de la Convención sobre los derechos de los discapacitados, que fue aprobada por la asamblea general el pasado 13 de diciembre y que será firmada por los Estados miembros el 30 de marzo.

En una nota que acompaña al discurso del prelado, se recuerda que "desde el inicio de los trabajos, en julio de 2002, la Santa Sede ha participado activamente en la redacción del documento, colaborando en la inclusión de referencias explícitas al respeto del derecho a la vida y al reconocimiento del papel de la familia en la vida de las personas discapacitadas. Sin embargo, en la etapa final de los trabajos, se han introducido, en los artículos 23 y 25, referencias inaceptables a la "salud reproductiva" y por ese motivo, la Santa Sede ha decidido no adherir a la nueva Convención".

En su intervención, el arzobispo Migliore subrayó que "la Santa Sede ha pedido insistentemente que las personas con discapacidades sean integrados completamente en la sociedad, con el convencimiento de que poseen derechos humanos plenos e inalienables".

Refiriéndose al artículo 23, afirmó que su delegación "interpreta todos los términos y frases sobre los servicios de planificación familiar, regulación de la fertilidad y matrimonio, así como la palabra "gender" (género), como hizo en sus reservas y declaraciones de interpretación en las Conferencias de El Cairo, sobre Población y Desarrollo (1994) y de Beijing, sobre la Mujer (1995).

El arzobispo Migliore señaló que el artículo 25, donde habla de la salud y más en concreto a la salud sexual y reproductiva, "la Santa Sede entiende el acceso a la salud reproductiva como un concepto global que no considera el aborto o el acceso al aborto como una dimensión en estos términos". Sin embargo, añadió, "nos opusimos a la inclusión de esta frase en el artículo porque en algunos países los servicios de salud reproductiva incluyen el aborto, negando el derecho inherente a la vida de todo ser humano, que también es afirmado por el artículo 10 de la Convención. (...) Es trágico (...) que la Convención, creada para proteger a los discapacitados de toda discriminación en el ejercicio de sus derechos, sea usada para negar el derecho fundamental a la vida de las personas discapacitadas no nacidas".

"Por esta razón -concluye-, y a pesar de los numerosos artículos positivos de esta Convención, la Santa Sede no puede firmarla".

DELSS/DISCAPACITADOS/ONU:MIGLIORE VIS 070201 (420)

Vivir: eso si es eutanasia

La eutanasia, también definida como « muerte digna», constituye toda una mentalidad, una manera de pensar, de sentir, de vivir y de reaccionar ante la enfermedad sea terminal o no. Es éste su verdadero significado, no el que ahora pretende imperar. Y es en este «climax» o ambientación dónde podemos cuestionarnos la aparición de Rochan Pngieng y la respuesta de su madre Rochan Yet: después de muchos años de convivir con animales en la selva, de adquirir técnicas de supervivencia básicas y de sentir una incomunicación total con su mundo real, su familia la acoge porque la quiere, un psicólogo español será su cicerone en su nueva vida y nadie se cuestiona el sufrimiento que Rochan deberá superar para volver a la ser persona.

Esta apasionante noticia tiene futuro porque las campañas mediáticas lo justifican: existe una similitud en la petición de muerte rápida y farmacológica de determinados pacientes terminales —el último ocurrido en Alicante— orquestada también por los medios de comunicación social para crear una aceptación social tan crucial como la anterior. Pero ambos casos — cada uno en un polo opuesto—, exigen reflexión diferente: ambos son sufrimientos vitales que pueden ser atenuados con cuidados paliativos que faciliten su final según el plan de Dios no el de los hombres pero en el caso de Rochan su familia aprecia su vida porque existe cariño y en los casos de pacientes «eutanasiados farmacológicamente », por lo visto, sus familiares no sienten el mismo cariño y quieren quitarlos de en medio; es una pena, porque cuando se quiere de verdad se quiere todo lo que significa «la persona» y se le ayuda a ser feliz con su realidad aunque ésta sea dolorosa, y cuando no se sabe querer, es un estorbo el enfermo y hay que liquidarlo cuanto antes. Si la mentalidad « eutanasiadora» va a más, viviremos en España algo similar al nazismo, cuando a los inservibles, enfermos, locos, y judíos, eran aniquilidados; la única diferencia será ésta: en la Alemania nazi mataban por millares y en España de uno en uno. Espero que a mi no me «eutanasien» y deseo lo mismo para todos uds. porque les deseo lo mejor.

Marosa Montañés DuatoPeriodista.

Presidenta mujeres periodistas del mediterráneo.

conoZe.com 30.I.2007